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A todas las personas de buena voluntad,
que en medio de la tribulación
mostraron, con sus palabras y sus hechos,
el apoyo a quienes eran inocentes.
Aquellas que han actuado de mala fe, por su parte, 
han demostrado lo más abyecto del ser humano.

 

Cuando a partir de Junio del 2005 estalló el caso Almazaras y la propia Junta Rectora, tras el primer informe de NOVAGES, supo y certificó el tamaño del fraude cometido comenzó para ella el más difícil de los caminos. Difícil, en efecto, fue salir al frente de las numeras demandas que se interpusieron contra Almazaras; difícil fue, en medio de aquella situación crítica, buscar cumplir con los contratos firmados; difícil fue el ver que socios, como la Cooperativa de Purísima primero,  y, siguiendo sus pasos, la de Fuente Tójar, después, no queriendo afrontar los hechos, abandonaron su participación en la empresa; difícil fue, viéndose solos, el tener que buscar los medios y los mecanismos para aclarar lo que había pasado; difícil fue para determinados miembros de la Rectora, sin haber pisado juzgado alguno, entrar, atropelladamente, en el mundo de los juristas y abogados; difícil fue el tener que abandonar las labores propias y dedicarse a salvar los pocos muebles que quedaron de Almazaras; difícil fue  también asumir la destrucción de un proyecto en el que se había creido y trabajado mucho; todo esto fue difícil, y fue difícil ver cómo la gente, por la que se había trabajado, ahora, en medio de las dificultades, te daban la espalda, precisamente, cuanto más falta hubiera hecho su apoyo. Pero, con todo, lo más triste y doloroso no fue ver que, en quienes habías confiado la gestión de la Cooperativa, con mafiosas argucias, te habían engañado a la Rectora  sino, sobre todo, el comprobar que muchos de los que tenían que haberte apoyado en ese momento te señalaban también como culpable. Miserables son aquellos que, en momentos difíciles, olvidan en su congoja a aquellos que trabajaron con honestidad, ilusión y desinteresadamente por ellos, pero misérrimos son aquellos que, en medio de los problemas, buscan beneficios propios en el hundimiento de los demás sin molestarse, ni siquiera, en preguntar acerca de la verdad de lo sucedido.

En esta entrada quiero contar a mis lectores el contexto social en el que ha transcurrido, y aún transcurre, el “Caso Almazaras”. Es lo que yo bauticé en su momento como “la cuestión social del caso Almazaras”. En ella quisiera hablar de esa justicia e injusticia que está más allá o más acá del terreno de las leyes, del derecho civil y penal, y que arraiga en el tejido mismo social. Ha sido aquí donde el agravio y el sufrimiento han sido mayores.  Ya hubiera sido un camino difícil el abrirse paso entre tantos problemas que presentó la quiebra de Almazaras y buscar los medios jurídicos para intentar salir a flote después de la nefasta gestión y de los fraudes cometidos en ella; pero lo que ha hecho tortuoso este camino, que se ha prolongado durante 8 años, ha sido la creación de una plataforma cuyo objetivo parecía, en principio, según reza en su acta fundacional, “la defensa de los derechos e intereses de los afectados por el caso de la Cooperativa de Segundo Grado `Almazaras de Priego´”, pero que luego ha tenido como objetivo real el  dificultar la investigación y entorpecer el camino procesal iniciado por Almazaras  a través, principalmente,  de su Presidente y de su Tesorero. Veamos ahora quiénes conforman esta asociación.

El día 13 de Julio del 2006, un año después de que el Presidente y el Tesorero empezaran a buscar el equipo de abogados para defender los intereses de Almazaras, se constituye esta Asociación. Según reza en su acta fundacional se constituyen con 29 miembros como socio-promotores. De ellos, 9 son de Priego de Córdoba, 5 de Almedinilla, 3 de Fuente Tójar, 4 de Castil de Campos, 4 de El Cañuelo, 2 de Zamoranos y uno de Cabra. Como presidenta de la Asociación aparece Josefa Ramírez García, aunque, como todo el mundo sabe, quien, de facto, dirige y está al frente de la Asociación es  Francisco Calvo, vecino de Fuente Tójar, aprendiz de político y persona entregada de cuerpo y alma a la causa de su Asociación. Nada hay más eficaz para hacerse con un nombre, a pesar de tener los propios intereses fuera del mundo de los perjudicados –escasísima es la producción de este Señor y escaso era su patrimonio–, que arrogarse el derecho de todos ellos, y organizar una campaña popular proclamando, a los cuatro vientos, justicia en el Caso. Estos fueron los socios fundadores de Almazeite, un porcentaje extremadamente bajo del conjunto de los cooperativistas de Priego, Zamoranos, El Cañuelo, Castil de Campos y el Cañuelo. Hay que decir también que, a lo largo de estos años, el número de asociados no ha crecido mucho más de los que aquí aparecen y que incluso, algunos, cuando algunos han visto los resultados judiciales emprendidos por la Rectora de Almazaras, se han dado voluntariamente de baja. Esto no quita, por otra parte, que no hayan celebrado reuniones más o menos multitudinarias en Priego, que hayan colgado sus pancartas en algunos edificios de Priego, que se hayan movido, con cierta eficacia, en los medios de comunicación provinciales y locales y que hayan adquirido, por tanto, cierta notoriedad social. Se les ha visto, en sus  campañas, con autocares puestos gratuitamente  por la Asociación, para ejercer el oficio de la protesta con la jaculatoria de pedir justicia para los estafados. Mis lectores han de saber que, a excepción de Priego, estos pueblos que nombramos son pequeñas aldeas donde el escándalo de lo sucedido ha estado en boca de muchos y juicio de pocos. Pues bien, sobre esta Asociación quisiera hacer las siguientes reflexiones:

En primer lugar, vistas las cosas retrospectivamente, lo único que ha hecho esta Asociación por los afectados de Almazaras ha sido imputar y encausar a quienes ya estaban dando los pasos oportunos y pertinentes para defender los derechos e intereses de los afectados por la corrupción de Almazaras. Concretamente, lo único que ha hecho esta Asociación  ha sido presentarse como acusación particular en el juicio contra Oligra de Almazaras incluyendo en el procedimiento a Fermín Jiménez y a Aurelio Palomar. El primero, por el delito de estafa y de falsedad de documento mercantil “en concepto de autor o de cooperador necesario en comisión por omisión”, del delito “continuado societario”, y “societario de Administración desleal” en concepto de autor. Al segundo, por los mismos delitos. Por delito societario se entiende en el Código Penal aquel que se comete dentro de una sociedad mercantil y que, más allá de afectar al patrimonio individual, lo hace al bien común de la sociedad. Pues bien, tanto al Presidente como al Tesorero se les responsabilizaron de haber sido pasivos, meramente contempladores, del fraude y/o haber participado en la destrucción del patrimonio común de Almazaras.  Esta Asociación, Almazeite, solicitó para el Presidente la pena total, por el conjunto de los delitos, de 15 años de prisión más  una multa de 100 euros diarios durante 3 años. La misma  pena se solicitó para el Tesorero. Exactamente, la misma pena que para Pedro Quesada y los que habían proyectado, participado y llevado a cabo  el fraude. Para esta Asociación es como si el Presidente y el Tesorero hubieran consentido las tropelías del Gerente y, a efectos penales, tuvieran el mismo grado de responsabilidad que él en las estafas hechas. Ya sabemos que la Audiencia Provincial ha dictaminado que este no es el caso porque considera que “las citadas operaciones se hicieron totalmente a sus espaldas y que, por tanto, no tuvieron conocimiento de las mismas” y, por tanto, en la sentencia absuelven de cualquier cargo al Consejo Rector.

En segundo lugar, es cierto que, como suele reiterar el portavoz de Almazeite, la propia fiscalía, actuando de oficio, solicitó, para la Junta Rectora 5 años de prisión, 12 meses  de multa con una cuenta de 100 euros y la inhabilitación del derecho al voto.  Ellos siempre han actuando bajo el parapeto de la fiscalía de tal manera que, cuando se le han pedido explicaciones de sus actuaciones, siempre han puesto por delante la acusación del ministerio fiscal y siempre han dicho que ha actuado de acuerdo con él. Ahora bien, cabe al menos preguntarse que, puesto que era  conocido por ellos que había una acusación pública que extendía la responsabilidad del caso de Almazaras del Gerente y de los que, en connivencia con él, hicieron los fraudes, al Presidente y al  Tesorero, ¿por qué emprendieron acciones legales contra la Rectora? En la acusación de Almazaras de Priego se solicitaba responsabilidad penal para el Gerente y compañía, y además para el Secretario de Almazaras. Según, como creo probado en mis entradas anteriores, la única actitud poco beligerante, por decirlo de alguna manera, contra las acciones del Gerente fueron las del Secretario; pero queda fuera de toda duda, cuando se tuvo sospechas aun todavía sin apenas datos  de los “procedimientos administrativos” de Pedro Quesada, que las actitudes y las acciones  del Presidente y del Tesorero no fueron siempre críticas con el Gerente. Habría que preguntarles a los responsables de esta Asociación por qué decidieron imputar en el mismo procedimiento al Presidente y Tesorero si ya había una acusación pública por parte del ministerio fiscal.

En tercer lugar, hay que decir que su modo de proceder no fue limpio. Como quedó dicho en el Juicio, la querella presentada por el abogado de Almazeite fue copiada punto por punto de la querella presentada por Almazaras, eso sí, incluyendo a Fermín Jiménez y a Aurelio Palomar en su propia querella. Incluso se copió una falta de ortografía, lo cual, fue oportunamente señalado, en el Juicio. ¿Por qué inculpar a quienes habían iniciado el procedimiento legal para hacer justicia en el Caso Almazaras? ¿Por qué actuar contra aquellos que desde un principio, y con los conocimientos que tenían en aquel entonces, empezaron a pedir explicaciones? ¿Por qué ensañarse, por ejemplo, con mi padre que tanto había trabajado por su propia Cooperativa y la construcción de la Cooperativa de Segundo Grado, para que le fueran imputadas las penas de prisión y multa? Su deber tendría que haber sido informarse adecuadamente hacia quien dirigir la querella. Pero, sobradamente, sabemos, que no fue una simple equivocación. Claro que se puede presumir que alguien es culpable, pero, sin antecedentes y conociendo la trayectoria vital de una persona, lo normal hubiera sido presumir su inocencia o al menos haber tenido la curiosidad de saber quienes eran los verdaderos culpables. Si no actuaron contra ellos por desconocimiento, podría, entonces, pensarse que hubo un ensañamiento producido por ese odio que alimenta la envidia. No hay que alarmarse por esta hipótesis, puesto que los que viven en pueblos pequeños, donde la libertad y el progreso de los demás son a menudo tan controlados y vigilados, saben  que esto es cierto. Pues bien, aunque estos sentimientos pudieran haber animado  a algunos de los miembros de la plataforma a sumarse a ella, no es plausible pensar que quienes iniciaron su creación estuvieron guiados por sentimientos tan viles.  Tiene que haber, sencillamente, otra explicación.

Almazeite, nació, creció un poco, y se derrumba, con la motivación principal de mover las aguas sociales con la intención de que no prosperasen las iniciativas llevadas a cabo por la Junta Rectora o, en su caso, de retardar los procesos y las investigaciones judiciales. Almazeite nació, a pesar de lo que digan formalmente sus estatutos, para remover socialmente el caso  Almazaras, para indisponer a los cooperativistas contra aquellos que ya habían buscado e iniciado los procedimientos oportunos.  No es cierto, por tanto, como han vociferado, que el tema hubiera caído en el olvido. Ha habido  un intento deliberado para hundir moralmente tanto al Presidente como al Tesorero para que abandonaran lo que estaban haciendo. Para ello  se repartieron octavillas pidiendo su dimisión y pusieron sus nombres en los bares. Incluso, aunque no puede haber pruebas de que directamente fueran ellos, pero sin duda sí ayudaron a crear el clima social que dio lugar a ello, se amenazó a mi familia  y se intentó asustarla llamando a mi casa  de madrugada diciendo cosas como “tu hija está muerta”. Para los que no lo sepan, una de mis hermanas es cooperante y estaba en aquel entonces en el Salvador.  Dejo que mis lectores piensen en lo que supone en un pueblo pequeño el que tengan lugar todas estas cosas y que piensen en el daño que se ha hecho a mi madre. No hay para esto otra palabras que “maldad” e “injusticia”: esa maldad que lleva a hacer  injusticia  en el intento deliberado de hacer daño moral a una persona. Tampoco hay otra explicación racional para esto que el intento desesperado, incluso con técnicas terroristas, para que el Presidente y el Tesorero abandonaran Almazaras y que los procedimientos judiciales emprendidos ellos no prosperasen.

Pero no solamente atacaron en el terreno personal sino también a la propia Cooperativa: solicitaron a Hacienda una inspección para que la investigaran. Nada encontraron de irregular, pero con su acción han impedido que  algunos de los procedimientos estuvieran ya resueltos. Por ejemplo, ahora que hay una sentencia para que los verdaderos culpables cumplan la pena y los cooperativistas reciban el dinero, la desalmada asociación, ha recurrido la sentencia cuando la fiscalía ya no va a hacerlo, seguramente, viendo la consistencia de las pruebas aportadas en el juicio y la consistencia del propio texto de la sentencia. Soy perfectamente consciente de que las garantías procesales en un juicio dan derecho a que una sentencia pueda recurrirse, pero también soy consciente de que esta medida no es prudente aplicarla cuando la sentencia deja más que probado, como en este caso, donde está el delito y cuales son los culpables del mismo. Elevar el recurso al Supremo no hace sino demorar más la ejecución de la misma sentencia, lo cual significa, sencillamente, que los cooperativistas y olivareros tardarán más en cobrar el dinero que se les debe o incluso que corran el riesgo de no hacerlo.

Almazeite ha actuado, desde el principio, con un único objetivo: entorpecer, extorsionar y mover a los olivareros con la sola intención de imputar al Presidente y al Tesorero y, mediante presión social, apartarlos de la investigación. Por ello, personas como mi padre, no entienden, porque no puede entenderse, cómo gente, conocida de toda la vida, arrastrada por las inciertas promesas de esta Asociación, que asustó a la gente diciendo que si no eran miembros de la misma no cobrarían el dinero de las estafas,  se volvió contra él con una hostilidad que hizo indeseable vivir en mi pueblo. Hay quienes pueden alegar que se sintieron engañados; pero otros, llevados por la idea con la que se vendió esta asociación, no les pesó, actuando miserablemente, el daño gratuito que estaban haciendo. El hecho es que unos y otros son responsables de un grave daño moral que se ha hecho a mi familia. Este daño no quita –aquí se demuestra la grandeza de quien ha trabajado siempre de la misma manera– que todos los cooperativistas, independientemente de sus filias y sus fobias, puedan recibir, si no se sigue obstaculizando el trabajo de los abogados por parte de la Asociación, el dinero que les corresponde. Al Presidente, al Tesorero y al equipo de abogados que contrató Almazaras, y no a las desafortunadas acciones de esta asociación, son a los que tendrían que estar agradecidos los olivareros y cooperativistas.

El problema de fondo es que esta Asociación se ha arrogado un derecho de representación que no le corresponde, porque nunca hubo mucho más miembros que los que inicialmente la constituyeron, aunque esto no quita, como apunté, que no hayan tenido asambleas tumultuosas y que no hayan hecho de la convocatoria de las protestas su modo de acción. En los días del juicio se les pudo ver en la puerta del Juzgado con sus pancartas, después de haber sido gratuitamente “invitados” para condicionar la decisión judicial. No es difícil captar la atención de los medios cuando uno difunde un discurso victimista y al mismo tiempo reclama justicia para trabajadores. Mientras ellos han llenado las calles con sus pancartas, los periódicos locales con sus artículos, y han sido centro de atención en los bares, los que verdaderamente habían trabajado por los olivareros, haciendo efectivas las medidas jurídicas para que se les devuelva lo que es suyo, han estado en silencio, dejando que la justicia y los expertos del tema hicieron también, por su parte,  su trabajo. Porque lo efectivo, como ha quedado probado, no es vociferar en las calles ni servirse de los trabajos de otros –recuérdese que el abogado de esta asociación plagió la querella puesta por el abogado de Almazaras– , ni ir por las casas con la intención de que la gente “se apuntara  para echar a Fermín y a Aurelio”, ni el intentar condicionar, con manifestaciones, las decisiones judiciales, ni ir por los medios de comunicación con falsos discursos. Lo efectivo es el trabajo paciente de la  investigación de la justicia.

Es evidente que han sido aquellos a los  que  esta Asociación ha imputado y querellado los que han sacado adelante cada uno de estos juicios pendientes de Almazara y los que han impedido que las propias cooperativas de primer grado tuvieran que salir al frente de las demandas puestas por parte de las empresas a Almazaras.  Pero, entonces, surgen, inevitablemente, unas preguntas: ¿Por qué no dirigió esta Asociación sus objetivos contra aquellos que eran culpables? ¿Por qué esa insistencia en hundir al Presidente y al Tesorero? ¿Por qué, después de escuchar en el juicio que uno de los imputados dijo que no iba a devolver el dinero a Almazaras, pues ya se lo había gastado, no ha puesto una querella expresamente contra su empresa y, sin embargo, decidieron poner un recurso de casación a la propia sentencia? ¿Por qué ha recibido esta asociación subvenciones de partidos políticos y de administraciones públicas? ¿De donde ha sacado el dinero para desarrollar su actividad siendo tan pocos sus miembros? ¿De donde ha salido el dinero para que el individuo que la ha estado manejando pueda dedicarse en cuerpo y alma a la causa de los afectados de Almazaras? ¿Lo habrá hecho por filantropía? ¿Habrá perdido y arriesgado su poco patrimonio en esta causa? ¿Se habrá arruinado por ello? ¿O más bien…? ¿No coincidirá en este caso el desinterés con un interés poco moral?

Son preguntas que no tienen todavía una respuesta, pero son preguntas  que, para que se hiciera Justicia en el caso Almazaras, tendrían que aclararse. No cabe duda, a esta altura, que aquellos que han sido injustamente atacados en sus propiedades, en su familia y en su honor harán lo que esté en su mano para que la Justicia reine sobre la charlatanería de quienes, faltos de moral, no tienen  despecho en hacer mal en el mundo. Basten estos comentarios abiertos para que mucha gente de  buena fe, que no sabe exactamente lo que ha pasado y ha vivido confundida, al menos, pueda plantearse lo que ha estado en juego en el Caso Almazaras de otra manera a como los agitadores lo/se han vendido. Y baste también para restablecer mínimamente esa Justicia, que más allá del derecho, es imprescindible para poder vivir.