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El fin del verano se presta a volver a los relatos y a llenar nuestro tiempo de literatura. Al final de este verano yo quisiera compartir con mis lectores un relato muy especial: una odisea, otra odisea; pero, en principio, tan desventurada como cambiar de Comunidad y,  por ende, en esta España, de Administración.  Es curioso, durante muchos años he ido y vuelto de Andalucía a Murcia, y, en mis idas y venidas, acabaron por confundirse lugares, personas y  pequeñas costumbres.  ¡Qué flexibles son los espacios humanos y qué férreos son los límites políticos impuestos por las administraciones! Quien hace de los pequeños viajes un hábito destruye, poco a poco, los límites artificiales que las administraciones imponen a los espacios humanos.  Debería sorprendernos las políticas  que se hacen para reducir nuestros espacios humanos y no para ampliarlos. Porque podemos habitar en lugares y con personas que están más allá de nuestros entornos y de nuestras lenguas es por lo que, desde la experiencia, se me hace comprensible el viejo ideal filosófico del cosmopolitismo. Lo humano, lo verdaderamente humano, políticamente hablando, sería destruir fronteras para reconocernos más en lo que tenemos de común que en las artificiosas diferencias que pueden separamos. En nuestro caso, las administraciones autonómicas más que el Estado central nos recuerdan,  a través de sus administraciones, a mirar con extrañeza  lo que no alcanza la corta mirada del chovinismo, del regionalismo y en, su caso, del nacionalismo.

Este es el marco filosófico donde puede inscribirse mi relato; pero, lo que me llevó a hacer de mi experiencia una narración fue imagen muy precisa: una mirada de finales de Julio junto con un comentario desafortunado. Tengo que decir que yo simplemente quería tener  mi expediente electrónico actualizado. No quería nada más. Pero, finalmente, tuve que desistir y contentarme con dejar mi hoja de servicio  en la boca de un registro para que los guardianes de nuestros papeles dieran curso a su digestión. En esa hoja, que estaba a punto de ser tragada por la boca de un archivo, quedaba constancia de los papeles de mi trabajo. Qué me llevó a las fauces del registrador y ahora a escribir esta historia es lo que quiero contar a mis lectores.

Todo comenzó a finales del curso anterior cuando tuve que hacer las gestiones para cambiar de Administración y de Comunidad. La primera prueba de falta de coordinación entre administraciones apareció cuando la Junta de Andalucía  pidió un certificado del tiempo de servicio para que fuera entregado antes de finales de Junio. Cuando me presenté en la Consejería de Murcia, me dijeron, con razón, que no me podían hacer un certificado hasta que no completara el tiempo de servicio, esto es, hasta el último día de Agosto. Fui, entonces,  a la Delegación de Granada, que era la sub-administración en la que iba a ingresar,  y allí me dijeron que si no tenía  dicho certificado no podía cobrar trienios y sexenios, al menos hasta que llegara mi expediente. De vuelta con el “recado” a la Consejería de Murcia y, tras insistir,  me hicieron un certificado que expresaba en tanto por ciento el tiempo de servicio que tenía y el que  me restaba. Con él regresé a Granada y, al llegar y presentarlo, me dijeron que eso no servía para nada puesto que necesitaban uno en el que apareciera el día concreto del cese -de un cese que todavía no se había hecho- y no un certificado de tan misterioso modo redactado. Así, que deje pasar el tiempo del curso en el curso del tiempo hasta que llegara, si llegaba, mi expediente.

Pero, pasado un tiempo, me vi otra vez envuelto en los enredos de las administraciones. En este caso fue a raíz de querer presentar una solicitud para las licencias por estudio que la Junta convocaba. Era extraño que en la situación de recortes, que ya estaba alcanzando a casi todas las administraciones, la Junta, con gallardía, hiciera una convocatoria de licencias por estudio. Pero estando como estamos obligados a aprovechar la ocasión -es a lo que cabe aferrarse en los tejes y manejes de nuestra barroca administración- decidí presentar la solicitud para acabar la tesis doctoral. La noticia de la convocatoria salió en muchos periódicos y fue en uno de ellos, pocos días antes de que acabara el plazo de presentación, cuando me enteré.  En aquel momento, ajeno al arte de husmear entre las novedades de los sindicatos estaba volcado en mis clases y en la elaboración de un  temario de oposiciones de filosofía. Pero, en una de aquellas todavía tardes invernales, tras haberme llegado la noticia de la derogación de los temarios, y mascando qué hacer en mi tiempo libre, cansado de vagabundear por las calles, entré en una destartalada cafetería. Allí no había más prensa que un ejemplar ennegrecido de aquellos diarios gratuitos que abandonan en la calle y allí fui a dar con la noticia de la convocatoria. El titular rezaba así:  “La Junta de Andalucía vuelve a ofertar 695 licencias por estudio”. Pagué el café, volví a casa y, tras echar un ojo a la convocatoria, decidí, sin tiempo, presentarme. Además de una memoria y de un proyecto, había también que justificar los cargos y el tiempo de servicio como funcionario y fue aquí donde, por segunda vez,  me di de bruces con los vericuetos de la administración. Contaré cómo sucedió.

Volví a la Delegación de educación para solicitar un certificado de los cargos directivos que había desempeñado en  los centros de Murcia. Cual no sería mi sorpresa cuando me dijeron que ellos no podían hacerlo porque esos servicios los había prestado en otra administración. Yo argüí que, si bien eso fue así, mi expediente físico ya estaba en su poder y que, por tanto, ¿por qué no me podían ellos hacer el certificado? Nada, la solución que me dieron era que viera mi expediente y que a aquellos nombramientos que me faltaran les hiciera una copia de tal manera que pudiera  presentarlos junto con la solicitud. (Omito deliberadamente cómo se llevó a cabo tal tarea). Pero resultó que en algunos de mis nombramientos, como fueron hechos bajo una comisión de servicio, no aparecía adecuadamente el cargo directivo que ocupé. Por tanto, al final me vi obligado a tramitar una solicitud de una hoja de servicio a la Consejería de Murcia. Viendo que no llegaba contestación alguna, y que me urgía el certificado, llamé por teléfono. Me dijeron, en primer lugar, que el certificado  tenía que hacerlo la Junta de Andalucía que era quien tenía mi expediente; pero, al contar, someramente lo sucedido, me dijeron que ellos podían hacérmelo, pero que tenía que hacer un pago previamente. El problema estaba en que ese pago había que hacerlo a través de una ventanilla única y, claro está, aquí en Andalucía no hay ventanillas únicas. Nada, puesto que siempre que hay un problema  hay una solución, y así los propios problemas de la administración se resuelve incrementando la propia administración, acordamos que me mandarían un correo   donde podría rellenar una instancia para solicitar una hoja de autoliquidación, poder realizar el pago y recibir, de este modo, tras enviar la hoja de pago, el certificado por correo. Pero como todo este proceso necesita un tiempo que no tenía,  después de hablar con el Servicio de Secundaria de la Consejería de Murcia, acordé ir a recogerlo en mano uno de los primeros día de las vacaciones de Semana Santa para no perder un día de trabajo. Llegado el día tomé el coche para llegar a Puerto Lumbreras, pues allí, se encontraba la primera de las ventanillas únicas. Recogí la hoja de autoliquidación  y me dirigí a un banco para hacer el ingreso de 7 euros con 96 céntimos. Con el resguardo de haber pagado, y después de un café que me llevó a todo un curso de recuerdos, me dirigí a la Consejería a por mi esquivo certificado. No estaba hecho, pero no importó mucho, porque, en parte, por mi desesperación, en parte, por contar con desaliento las miserias kafkianas a las que estaba siendo sometido como trabajador, me  hicieron, por fin, con prontitud el anhelado certificado. Con verdadera dicha por haber culminado con éxito esta batalla entre administraciones, volví con él a Granada no sin antes perderme, como antaño, por las plazas de Murcia en busca de una rica marinera.

 Al cabo de los dos días  ya tenía la solicitud, el proyecto, la memoria y los méritos para presentarlos y, en el último momento, descansé. Bueno eso creía yo, porque ahora, no ya por causa de la administración sino por mí mismo fue a caer en un imperdonable error: al presentar el fajo de papeles en correos cambié el remitente por el destinatario con lo cual, después de un día, me llegó la notificación de que tenía que recoger un paquete de la Delegación de educación. Ya imaginarán mis lectores a estas alturas mi cara de estupefacción y  mi diabólica sonrisa al abrir el  paquete y encontrarme, después de tantos vaivenes, con mis propios papeles, entre ellos mi certificado. Pero no hubo problema, pues pude mandarlo de nuevo, y aquella equivocación -he de decirlo- hizo reconciliarme un poco con los errores de aquellos rostros humanos que dieron la cara  en las  ventanillas de las distintas administraciones. ¿Qué sucedió después? A finales de Junio se decidió, con la publicación de unas listas ya hechas, no seguir adelante con la convocatoria de las licencias y suprimirlas todas, tanto las remuneradas como las no remuneradas, bajo la nueva Ley de equilibrio presupuestario de la Junta. Todo las idas y venidas quedaron de golpe paralizadas por un recorte de la Junta que, por otra parte, apenas ha trascendido a la calle. (Vistas las cosas retrospectivamente, se puede afirmar que tanto esta convocatoria, como la convocatoria de  oposiciones -convocatoria que está a la espera de una sentencia del Constitucional- se hizo porque había unas elecciones, y la consigna política, en aquel entonces, era que no había crisis y, que, por tanto, había que dar la apariencia de que nada había cambiado ni cambiaría en las políticas de educación y sanidad.) Pues bien, aquí podría terminar mi relato; pero no puedo hacerlo, porque, aún tengo que contar lo que me sucedió cuando de nuevo quise reconciliarme con la administración facilitándole mi hoja de servicios para poner fin a esa situación de “interregno” que  sufre el que pasa de una administración a otra.

A finales de Julio quise poner en regla mi expediente electrónico que imagino  que es la base de datos que se tiene en cuenta para hacer los certificados y para llevar el control de trienios y sexenios. Pero me quedé, nuevamente, sorprendido cuando la persona que me atendió me dijo que no era posible actualizar mi expediente porque el programa no estaba preparado para reconocer el tiempo de servicio y los trabajos realizados en otras administraciones.  “El programa -me dijo- no tiene para que podamos ponerle  el código de una provincia que no sea de Andalucía”. Por tercera vez, no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Así que, un poco cansado de tanto caos,  entramos   en una no muy agradable discusión sobre el funcionamiento y la relación entre las distintas administraciones dentro del mismo Estado.  Argumenté, entre otras cosas, que para mí es inconcebible que una administración de una comunidad autónoma no pueda reconocer en sus bases de datos a los que han sido funcionarios de otra comunidad dentro del mismo Estado, también que no  puede pasarse  simplemente la información de una base de datos a otra y, más aún, que no haya un único programa para gestionar un mismo cuerpo de funcionarios.  Pero todos los argumentos se desplomaron, como un castillo de naipes, cuando, con extrañeza, confusión, y abatimiento, la persona que me atendió tuvo su momento de gloria, en el colmo del provincianismo,  al decirme:  “Y además, habría que saberse el código de cada provincia”. Era como si yo, que simplemente venía de otra región, para mayor irrisión, uniprovincial, fuera arrojado del engranaje de una administración a otra y perdido se hubiera quedado cierto código entre tuercas y tornillos.  ¡Si yo, sin perder esa cercanía de los lugares y de las personas, sólo había cambiado de lugar de trabajo! Di media vuelta y dejé que el verano llenara con su tiempo de bochorno los sinsabores de seguir los tortuosos derroteros de las administraciones.

La conclusión de todo es para mí bien clara:  votaré en las próximas elecciones a aquel partido que tenga la firme convicción de restituir, al menos, para educación y sanidad, las competencias al gobierno central para poder disminuir, de este modo, el poder de los compartimentos estancos en los que se han convertido las propias administraciones de las comunidades autónomas, insufladas del espíritu competitivo de los partidos que las gobiernan. El motivo para mí no estará no ya principalmente en el coste económico de la gestión de las distintas administraciones. (Seguramente es un gasto menor, pero qué no habrá costado hacer y mantener los diferentes programas de gestión académica para cada una de las comunidades autónomas. ¿No hubiera sido más racional  que el Ministerio hubiera comprado un mismo programa para las diferentes administraciones?). Tampoco el motivo estará en las cuestiones estrictamente políticas que nos han llevado a un continuo enfrentamiento de unas comunidades con otras, y, algunas casos, a un enfrentamiento con el Estado. El motivo de mi voto estará en la necesidad que tenemos de romper con ese provincianismo que no ayuda nada a atender las demandas de los ciudadanos.  Con las autonomías, velis nolis, hemos reducido, considerablemente, nuestro horizonte de pertenencia a una comunidad política a cambio de reforzar unos cuantos tópicos que no son cultura. Finalmente, y hablando de cultura y literatura, de esta experiencia de roedor en las madrigueras  de las administraciones sólo saco la conclusión de que para comprender los cuentos de Borges no hace falta volver a la metafísica de Leibniz ni al perspectivismo de Ortega sino que basta con moverse, entre las diversas administraciones, dentro del propio Estado español.